Big Bend iba a ser la mitad de un parque compartido con México, no un muro

Por Priya Raman · 10 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura
Fotografía en color de las paredes verticales de caliza del cañón de Santa Elena en el Parque Nacional Big Bend, con el río Bravo corriendo entre México a la izquierda y Estados Unidos a la derecha
Photo: Carol M. Highsmith, 2014, Library of Congress Prints & Photographs Division, no known restrictions

El lunes el Tribunal Supremo levantó la orden que había impedido al gobierno de Trump construir una barrera fronteriza en un tramo remoto del Parque Nacional Big Bend, en el oeste de Texas. La jueza Kathleen Cardone había bloqueado las obras en octubre. Los magistrados concedieron la petición de urgencia del gobierno, diciendo que era "sumamente probable que prevaleciera" con su argumento de que una ley de inmigración de 1996 impedía a su tribunal siquiera examinar el caso. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que hizo constar que habría dicho que no.

La pelea ha creado aliados extraños. Entre los demandantes están el Center for Biological Diversity, un guía fluvial local y un grupo llamado Friends of the Ruidosa Church, y algunas de las objeciones más ruidosas han venido de miembros del propio partido del presidente. Conviene tener presentes las cifras de la propia Cardone: el sector de Big Bend cubre más de una cuarta parte de la frontera con México y supone entre el 0,3 y el 2,2 por ciento de las detenciones de migrantes.

La mayor parte de la cobertura que he leído omite que el parque se fundó sobre la idea contraria. Durante la mayor parte de su historia, quienes construyeron Big Bend hablaban del río como el centro del parque, no como su borde.

Un sheriff y un periodista

El parque empezó con Everett Townsend, antiguo agente de aduanas y sheriff de condado que conocía bien la zona antes de llegar al parlamento de Texas en los años treinta. Encontró un aliado en Amon Carter, el editor de Fort Worth, que tenía dinero, un periódico y ningún reparo en usar ambos. En 1933 consiguieron que se reservara la zona como Texas Canyons State Park. Unos meses después pasó a llamarse Big Bend State Park, un nombre mejor y también más honesto sobre hacia dónde iba el río.

Un parque estatal nunca fue el objetivo. El 20 de junio de 1935, Franklin Roosevelt firmó una ley que autorizaba un parque nacional en Big Bend. La trampa, habitual entonces, era que Washington no compraría la tierra. Texas tendría que aportarla. (El Congreso había hecho lo mismo con Virginia por Shenandoah y con Tennessee y Carolina del Norte por las Great Smokies unos años antes, así que Texas difícilmente podía quejarse de un trato especial.)

Texas compra un desierto

Foto: Carol M. Highsmith, División de Grabados y Fotografías de la Biblioteca del Congreso, sin restricciones conocidas
Foto: Carol M. Highsmith, División de Grabados y Fotografías de la Biblioteca del Congreso, sin restricciones conocidas

Eso llevó siete años y una guerra. En 1942 el estado puso 1,5 millones de dólares para comprar unas 243.000 hectáreas a propietarios privados, con ranchos y concesiones mineras incluidos. En septiembre de 1943 Texas entregó la escritura al gobierno federal.

La ceremonia llegó después, y la fecha es una que me cuesta leer sin hacer una mueca. Amon Carter entregó la escritura a Roosevelt en la Casa Blanca el 6 de junio de 1944. Era el Día D. No tengo ni idea de cuánta atención le dedicó el presidente al desierto esa tarde, y el relato del propio servicio de parques no lo dice. Seis días después, el 12 de junio, se estableció oficialmente el Parque Nacional Big Bend. Su primera sede estaba en los viejos barracones del Civilian Conservation Corps en la cuenca de Chisos, y en su primer año tuvo 1.409 visitantes.

La carta de Roosevelt a México

La idea internacional estuvo ahí desde el principio. En 1936 existía una Comisión del Parque Internacional, y el servicio de parques todavía conserva una fotografía de Townsend con sus miembros. Los cañones del lado mexicano, en Chihuahua y Coahuila, forman parte de la misma geología y del mismo desierto.

El 24 de octubre de 1944, cuatro meses después de abrir el parque, Roosevelt escribió al presidente mexicano, el general Manuel Ávila Camacho. Le dijo que el trabajo en Big Bend no estaría completo hasta que el área del parque "a ambos lados del río Bravo forme un gran parque internacional". Es una carta breve y amistosa. México era un aliado de guerra, y los dos gobiernos estaban en términos inusualmente buenos.

No salió nada de ello durante medio siglo. Terminó la guerra, Roosevelt murió en abril siguiente, y la idea se archivó, de donde se sacaba y se desempolvaba más o menos cada década.

México hace su mitad

El lado mexicano acabó moviéndose. El 7 de noviembre de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari firmó decretos que protegían dos grandes zonas al otro lado del río: Maderas del Carmen en Coahuila y el Cañón de Santa Elena en Chihuahua. Personal de Big Bend había visitado Coahuila como invitado del gobernador del estado en 1988, y estas nuevas reservas eran, en la práctica, la otra mitad del parque que había descrito Roosevelt. Nunca se unieron legalmente a Big Bend, pero en un mapa la tierra protegida cruza el agua sin interrupción.

Mientras tanto, la frontera se endurecía. El cruce informal de Boquillas, donde a los visitantes se los llevaba en bote hasta el pueblo para comer, se cerró en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre y solo se reabrió como puerto de entrada oficial en 2013. Quien haya estado en el cañón de Santa Elena sabe lo extraño que es llamar frontera a ese lugar. Las paredes se elevan en vertical a ambos lados, México a la izquierda y Texas a la derecha, y el río entre ellas es a menudo lo bastante estrecho como para tirar una piedra al otro lado. La línea divisoria corre por su centro desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848.

Por dónde va la línea ahora

El parque abarca unas 324.000 hectáreas (la cifra del servicio de parques es de 801.163 acres, el tipo de precisión que sale cuando la tierra se compra rancho a rancho) y comparte 190 kilómetros de frontera con México, todos a lo largo del río. La demanda trataba sobre las exenciones que permiten al gobierno saltarse la Ley de Especies Amenazadas, la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley Nacional de Preservación Histórica mientras construye. Son las leyes por las que normalmente se rige un parque nacional, y el tribunal no decidió si las exenciones son sensatas, solo que probablemente un juez de distrito no podía frenarlas.

El argumento de los opositores se apoya mucho en la fauna. Las montañas y el desierto del parque albergan especies amenazadas como el murciélago hocicudo mexicano, al que nadie ha preguntado a qué país pertenece. El gobierno, por su parte, describe Big Bend como una ruta de cruces irregulares y narcotráfico, y por ahora es el gobierno el que puede construir.

El caso no ha terminado. Sigue en el tribunal de Cardone, la orden del Supremo solo levanta la medida cautelar mientras continúa el litigio, y nadie en las informaciones que he leído ha dicho cuánta parte de la barrera estará realmente en el parque ni cómo se verá desde el fondo del cañón.

Traducido del inglés y revisado por el equipo editorial de History All Day.